Raymond Aron, en Paz y Guerra entre las Naciones, diferencia los conceptos de poder y potencia. El primero hace referencia a los recursos naturales, sociales, militares, económicos, tecnológicos, culturales y políticos que posee un Estado para determinar o influir en la conducta de los otros Estados. La potencia, es la capacidad y legitimidad para movilizar esos recursos en circunstancias determinadas, con el fin de obtener objetivos específicos. Continuar leyendo «El mundo unipolar de nuestros días»
Nota del Presidente

Recuperar Sudamérica para el mundo
Manuel Rodríguez Cuadros
Sudamérica conquistó su independencia, entre 1810 y 1825, con dos convicciones libertarias: la afirmación nacional de jurisdicciones socio-políticas independientes que dieron lugar a los Estados que hoy la conforman y una vocación integracionista de unidad. Los congresos americanos de 1847-48 y 1864-65, convocados por la cancillería peruana, fueron el inició y el fin de la estrategia diplomática de dotar a los nuevos estados, con independencia de los Estados Unidos, con una diplomacia regional propia, que constituya una renta estratégica en sus relaciones externas.
139 años después, la diplomacia peruana – en mi gestión como canciller – asumió la iniciativa de retomar y concretar este proyecto histórico y obtuvo, a través de una compleja negociación, el acuerdo unánime que permitió crear, el 8 de diciembre de 2004, la Comunidad Sudamericana de Naciones.
La región no presentaba en ese entonces – como tampoco ahora – una homogeneidad política. Por el contrario, no sólo había diversidad en la orientación política de los gobiernos, sino niveles de tensiones manifiestas, como era el caso entre la Venezuela de Hugo Chávez y la Colombia de Álvaro Uribe. Pero la diplomacia está para eso. Para procesar posiciones e intereses opuestos y hasta antagónicos, identificar los puntos de convergencia y los intereses mutuos y lograr que en las decisiones prevalezcan los intereses comunes antes que las divergencias.
Desde el proyecto peruano, se había configurado una situación negociadora auspiciosa. Convergían en ese momento el trabajo institucional de la cancillería peruana que -desde unas décadas atrás – había identificado el espacio sudamericano como un componente estratégico- político, económico, comercial y social- de su proyección externa; la determinación del gobierno del presidente Lula en la misma dirección y el esfuerzo sistemático y promotor que realizó el expresidente argentino Eduardo Duhalde
Había ciertamente obstáculos y recelos a superar, como la incidencia y el impacto que la emergente organización sudamericana pudiese tener en el sistema interamericano y en las relaciones con EEUU y otros países de América Latina, que tendrían que interactuar con un nuevo actor regional, con poder político y económico superior a todos los actores de la región, con excepción de los Estados Unidos. México, Centroamérica y el Caribe tendrían que adecuarse al surgimiento de un poderoso actor subregional que no los incluía.
La viabilidad del proyecto pasaba por un enfoque realista, pragmático, no maximalista. Que ponga énfasis en las convergencias y circunvale las serias diferenciaciones políticas que existían. La propuesta que envié a los cancilleres se inspiraba en esta aproximación, con cinco ejes fundamentales: la concertación y coordinación política y diplomática que afirme a la región como un factor diferenciado y dinámico en la política regional y mundial; la convergencia entre el MERCOSUR y la Comunidad Andina para crear una zona de libre comercio, que debía configurarse a través de los acuerdos parciales ya suscritos entre los países sudamericanos; la integración física, energética y de comunicaciones; la armonización de políticas para impulsar el desarrollo rural y agroalimentario; la transferencia de tecnología y la integración en los ámbitos de la cultura, la ciencia y la educación.
En dos meses de complejas negociaciones se obtuvo el acuerdo unánime. Tuve que desplazarme a varias capitales. La propuesta peruana se enriqueció con los aportes los demás países, siempre dentro del principio del realismo transformador que la inspiro. Una cuestión fundamental fue establecer que las decisiones se adopten por consenso. No por votación. El consenso es una amplia mayoría que admite disensiones, pero no la oposición formal de cualquier miembro. Asegura, por ello, que las decisiones siempre sean representativas y no se adopten aquellas que no tengan el respaldo, la aceptación o la permisividad sin oposición formal de cualquiera de las partes. Implica una suerte de veto para asegurar decisiones siempre representativas de una conciliación de intereses.
En los años siguientes a su creación, la Comunidad Sudamericana avanzo sostenidamente en cada uno de sus ejes programáticos. No obstante, ello, un impulso maximalista y voluntarista – liderado por el presidente Hugo Chávez – que colisionaba con el principio del realismo transformador, buscó acelerar el proceso, suprimir el eje económico comercial y sobrevalorar el liderazgo político presidencial en la toma de decisiones. En el Perú y otros países se habían producido cambio de gobiernos. El 2008 se decidió suprimir la Comunidad Sudamericana y remplazarla por UNASUR; en este caso ya una organización internacional institucionalizada con sede permanente y órganos de gobierno, con un esquema esencialmente político. Y con un liderazgo presidencialista. El tratado que instituyó UNASUR entró en vigor el 2011 y progresivamente la pesadez del aparato institucional y liderazgos presidenciales confrontaciones empezó a erosionar los consensos que la sustentaban.
El 2017, asumió el poder en los EEUU Donald Trump. Luego de un período de ajuste de la política exterior norteamericana definió una diplomacia de poder regional para resolver la crisis democrática venezolana. La estrategia se basaba en las sanciones, la realización de acciones encubiertas y la búsqueda del derrocamiento de Nicolás Maduro como punto de partida de la democratización y reconciliación. La diplomacia latinoamericana de Trump, muy eficientemente, artículo entendimientos y alianzas con un grupo amplio de gobiernos de la región, especialmente con Brasil, Argentina, Colombia, y Perú, en torno a dos ejes centrales: el aislamiento del gobierno de Nicolas Maduro y la búsqueda de su derrocamiento como condición para restablecer la institucionalidad democrática en Venezuela. Alineo con eficacia y consistencia al Grupo de Lima, en esa línea de obtener la democratización por vías no democráticas. De defender la institucionalidad jurídica venezolana con métodos y acciones – como las sanciones – contrarias al derecho internacional. El Grupo de Lima perdió identidad, paso a ser el operador de esta diplomacia de la intervención.
La evolución de la situación venezolana orientada por la diplomacia de Trump colisionó con la correlación de fuerzas al interior de UNASUR. Y trajo como subproducto una tensión “ideológica” a nivel presidencial. Esta contradicción, sin embargo, no tuvo un correlato fáctico decisivo en el patrón de la conducta internacional de los países, aún entre aquellos que encontraban en las antípodas de la diferenciación “ideológica”. Más allá de las estridencias presidenciales, la conducta de las cancillerías en Naciones Unidas, por ejemplo, presentaban más coincidencias que divergencias. Los niveles de convergencia de los propios países enfrentados por la cuestión venezolana registraron en las votaciones de la agenda de las Naciones Unidas de esos años más del 80 % de convergencias. Lo que demuestra que Sudamérica en la era global unipolar flexible, posee intereses económicos, políticos y estratégicos diferenciado, en una trama que es la base objetiva para construir y consolidar una identidad y autonomía como actor político diferenciado.
El alineamiento del Grupo de Lima con la diplomacia de intervención, en el caso venezolano, por parte de importantes países de la región en ese contexto, antes que una expresión de la inserción externa de la región, un subproducto de la influencia de la diplomacia de Trump en esos países. Por esta razón cuando varió la política exterior de los Estados Unidos sobre Venezuela, con el advenimiento de Joe Biden, que abandono la diplomacia intervencionista de Trump, el Grupo de Lima fue incapaz de sostenerla de manera autónoma y desapareció como actor regional.
El 2018 las tensiones sobre la situación venezolana como factor determinante hicieron crisis. Seis países anunciaron su retiro de UNASUR. Incluido el Perú, el creador de la Comunidad Sudamericana. Posteriormente, los presidentes Iván Duque de Colombia y y Sebastián Piñera de Chile promovieron la creación de PROSUR (Foro para el Progreso e Integración de América del Sur) más concentrado en el proceso de integración y en los intereses empresariales, que desde el 2019 desarrolla una agenda propia.
El factor de contingencia que estuvo en la base de la polarización “ideológica a nivel presidencial, el acceso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, se agotó con el triunfo de Joe Biden. Y con ello se crearon las condiciones para que la rosa de los vientos del tratamiento de la situación venezolana cambiara también
La diplomacia del derrocamiento de Maduro por cualquier medio que afirmó Trump y orientó al Grupo de Lima, fue discretamente liquidada por el Departamento de Estado.
En Washington y en la región – al impulso de cambios de gobierno – se asumió el fracaso de esa política y con realismo se transitó a una actitud de “realismo transformador”. Comprometida con la restauración de la democracia venezolana, pero por vías democráticas. Esencialmente el diálogo, la negociación, la diplomacia. Promoviendo una participación plural y amplia de las propias fuerzas políticas venezolanas en la solución final. Las consultas que tienen lugar en México con el auspicio de Noruega y la flexibilización de las sanciones expresan a viabilidad de esta opción respaldada a nivel global.
Existe hoy en la región una nueva situación política. La guerra en Ucrania ha puesto a prueba los márgenes de autonomía de las políticas exteriores de los países latinoamericanos. La OTAN desde el inicio del conflicto, llamó a un alineamiento de todos los países de la región, del África y Asia con sus posiciones La respuesta de la región ha afirmado un grado muy amplio de autonomía. De manera casi unánime ha condenado la intervención rusa y las subsecuentes violaciones al derecho internacional. Pero al mismo tiempo no se ha ubicado en la “trinchera occidental de la guerra. Mantiene sus relaciones con Rusia y antes que promover el desarrollo de la guerra desde un bando, ha clamado por una solución pacífica y negociada.
En el ámbito económico y comercial, incluidas las inversiones, Sudamérica tiene una inserción plural y diversificada a nivel mundial. La China s su principal socio comercial y latinoamericana misma es un mercado de importancia similar al de Estados Unidos y Europa. Esta no dependencia económica de un solo poder mundial o un solo mercado permite a la región un amplio potencial para diversificar aún más su inserción externa y afirmarse como un actor internacional diferenciado.
Leyendo estas tendencias, el gobierno del presidente Lula Da Silva acogió el 30 de mayo a 10 jefes de Estado sudamericanos con la intención reanudar el diálogo regional y reflexionar sobre la reconstitución de Sudamérica como actor internacional al “margen de diferencias ideológicas”. Al término de la reunión los presidentes aprobaron el Consenso de Brasilia, con dos compromisos muy específicos. 1) “Reconocieron la importancia de mantener el diálogo regular, con miras a impulsar el proceso de integración en América del Sur y proyectar la voz de la región en el mundo” Y, 2) .“Decidieron establecer un grupo de contacto, encabezado por los Cancilleres, para evaluación de las experiencias de los mecanismos sudamericanos de integración y la elaboración de una hoja de ruta para la integración de América del Sur, a ser sometida a la consideración de los Jefes de Estado”.
El grupo de contacto se reunió por primera vez el 17 de julio 2023, en Bruselas, de manera paralela a la II Cumbre CELALC- UE. Los cancilleres discutieron la hoja de ruta para “la integración de América del Sur.” También acordaron realizar reuniones sectoriales en los próximos meses en las áreas de salud, defensa e infraestructura, con la designación de puntos focales de cada país para la coordinación y seguimiento El grupo volverá a reunirse durante el 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El proceso de reconstrucción del espacio sudamericanos se ha iniciado y discurre con realismo en una línea no maximalista. Es evidente que no existen los consensos para simplemente reactivar UNASUR. Pero si para promover el diálogo y la integración sudamericana,. Y ese camino está en curso. La diferencia no es banal. Como lo percibieron los jefes de Estado en Brasilia, hay que manejar una realidad compleja para crear consensos sólidos y viables. Es un buen camino dar una cierta regularidad al diálogo y la consulta política. Ello irá vertebrando consensos y anudando un nuevo tejido de unidad. A mediano plazo el proceso podría fusionar UNASUR y PROSUR, en una sola instancia de espacio integrador y coordinación de política, sin un aparato institucional pesado. Y simultáneamente ir construyendo la zona de libre comercio sudamericana, por la convergencia de los tratados que con esa meta ya existen entre plano de pares y grupos de países en el marco de la ALADI.
La consulta y coordinación política es viable en lo inmediato. Ubicando temas y espacios de acción común. Allí donde los intereses son compartidos. El grupo de contacto de cancilleres es el espacio adecuado para el diálogo y la consulta. En la Asamblea General de las Naciones Unida, por ejemplo, el grupo en su próxima reunión podría dar un mandato a los representantes permanentes para que, en las diversas comisiones y el plenario, se consulten e intercambien puntos de vista y adopten iniciativas conjuntas, allí donde los intereses coincidan. Sudamérica, desde abajo, puede estar empezando a reconstruirse.

La Revolución y la Política Exterior
La Revolución y la Tierra, el ya afamado documental de Gonzalo Benavente, ha traído a la memoria de los peruanos, especialmente de las juventudes, el sentido histórico, sociológico y ético de la reforma agraria que llevó a cabo el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Pero la revolución peruana, como se le conoció en el exterior, sacudió las viejas estructuras del Perú oligárquico no solo en el ámbito de las relaciones semifeudales que subsistían en el agro. La voluntad de cambio estructural produjo mutaciones radicales en otros ámbitos de la realidad nacional.

Se ensayó cambiar la estructura de la producción y la propiedad bajo un modelo propio, autodenominado pluralista, donde coexistiesen la propiedad privada, la estatal y la social. El trabajo se ensalzó como valor social. Y se propició la participación de los trabajadores en las empresas a través de las comunidades industriales y mineras. La explotación de los recursos naturales, especialmente los mineros y pesqueros, se priorizaron en la acción económica del Estado. Una visión social con énfasis en la vida cotidiana de las familias, el empoderamiento de los más pobres y una instrucción para la vida y el trabajo, impulsaron la reforma de la educación y una política cultural orientada a la integración nacional, la superación del racismo y la exclusión.
Terminado el proceso el 29 de agosto de 1975, con el golpe militar de Morales Bermúdez, que destruyó la revolución a nombre de la continuidad de la revolución, todas las reformas se quedaron a medio camino. Se revirtieron progresivamente. También se demonizaron. Es un error evaluar el proceso revolucionario de Velasco incluyendo en ese análisis a la denominada segunda fase, que en realidad fue su negación, su sepulturera. La revolución peruana fue un proceso de cambios inconcluso. Duró siete años. Y el país aún no encuentra sosiego para una evaluación objetiva y desapasionada.
En ese lapso hubo una reforma que no afectó o cambió estructuras productivas y sociales. Una reforma de la superestructura, si se quiere, pero que paradójicamente -quizá por esa misma naturaleza- es la que sigue orientando en sus lineamientos básicos -a pesar de todo y de mucho – la conducta del Estado peruano. La reforma, o como la llamó Carlos García Bedoya, la revolución de la política exterior.
A 1968 el Perú era un Estado y una sociedad oligárquicos con bolsones de un capitalismo mercantil, en la que el racismo cruzaba las relaciones sociales. Con una clase dirigente muy conservadora, dueña de sus privilegios. Un incipiente proceso de urbanización avistaba el futuro inmediato de la migración del campo a la ciudad. La coalición oligárquica entre el APRA y la Unión Nacional Odriísta ahogaba los intentos modernizadores y en algunos campos progresistas del gobierno de Belaúnde Terry. Estas características del Estado y la sociedad se reflejaban en la política exterior. Casi como un espejo.
Desde el fin de la primera guerra mundial el Perú había extraviado la tradición histórica del siglo XIX que había consolidado un manejo autónomo en las decisiones de la política exterior. La sustituyó una creciente dependencia y asociación asimétrica con los Estados Unidos, que se institucionalizó en el oncenio de Leguía y especialmente después de la segunda guerra mundial. El Perú autolimitó el alcance de su diplomacia a un mundo más pequeño que el real. Debido a su alianza política y militar, bilateral y multilateral con los Estados Unidos, la diplomacia peruana había achicado el mundo o, si se quiere, lo había reducido políticamente a una realidad virtual que no se correspondía con la realidad ni con la geografía política. Un mini mundo integrado por el entorno limítrofe, el resto de Sudamérica, algo de Centroamérica y México, la Europa Occidental, Japón, la India y Corea del Sur en el Asia. El resto del mundo no era un referente de la política exterior peruana y gran parte de este no-mundo -los países socialistas y con procesos de consolidación de su liberación nacional en Asia y África- era además un horizonte prohibido para el desplazamiento de los peruanos, por turismo o trabajo. Obviamente no existían relaciones diplomáticas ni comerciales. Los pasaportes traían junto a su empaste verde un sello que decía: “El presente pasaporte no es válido para viajar a la URSS, la China, Bulgaria, Rumania, Checoeslovaquia, Alemania Oriental, Polonia, Hungría y Cuba”. La trasgresión se punía como delitos contra la fe y la seguridad públicas.
En ese mundo reducido, Torre Tagle, como institución, con eficiencia, mucho profesionalismo y patriotismo, reducía su acción a lo que Alberto Ulloa llamó el horizonte territorial de la Rosa de los Vientos; es decir, a los decisivos y recurrentes asuntos de límites y fronteras. Añadía a esa agenda una prioritaria y dependiente vinculación con los Estados Unidos y una complementaria vinculación positiva con Europa Occidental, especialmente Francia, Italia, Inglaterra e intermitentemente con España y Alemania, siempre en función del espejo de Washington.
Las élites dirigentes autopercibían el Perú como un país occidental, blanco-mestizo-urbano, aliado de los Estados Unidos. Una sociedad que se sentía parte del mundo occidental industrializado, más allá que el 70 % de la población a la época sea indígena-mestiza-provinciana y que su economía se sustente en una agricultura semifeudal y una extracción minera impía con el medio ambiente, las poblaciones locales y sus trabajadores. Esta autopercepción del Perú como parte de la cultura europea y grecolatina, llevó al presidente Prado a lanzar una iniciativa diplomática para unir a la latinidad europea con la peruana.
Se trataba de una política exterior defensora del statu quo nacional, regional y mundial, con algunos atisbos modernizadores. Muy conservadora. Con una acción multilateral reducida básicamente a las Naciones Unidas y la OEA. Que actuaba al interior de la alianza política y militar con los Estados Unidos. Bajo este paraguas fue activa y descollante en algunos procesos y logró construir un espacio de autonomía en torno a la reivindicación inicial de las 200 millas. Cuando Porras quiso llevar este gesto al ámbito político en el asunto de Cuba, le costó el puesto y quizá le aceleró la muerte.
El Estado oligárquico se sentía parte del poder de los otros, es decir, del poder mundial de los Estados Unidos y evidentemente de sus empresas. Pero, al mismo tiempo, era incapaz de oír las propias demandas de la Alianza para el Progreso y del presidente Kennedy para hacer una reforma agraria que cambie -con más de cien años de atraso- lo semifeudal por un incipiente capitalismo agrario. Lo mismo sucedía con las minas, con la Cerro de Pasco Corporation y, muy particularmente, con la International Petroleum Company. La extrema inequidad de los contratos petroleros había creado un frente de diversos sectores nacionalistas, el centro y los incipientes movimientos de izquierda. Su nacionalización fue la bandera con la que la Acción Popular progresista de 1963 ganó las elecciones, y también el estandarte de su caída el 3 de octubre de 1968.
Más allá de la determinación social y política que inspiró el proceso de cambios, la política exterior se inició con un hecho interno: la toma de la International Petroleum Company el 9 de octubre de 1968. Significó el primer enfrentamiento directo con los Estados Unidos en la historia de las relaciones internacionales del Perú. Velasco, en el discurso a la nación con motivo de la expropiación, interpretó la decisión como una expresión de la soberanía nacional, anunciando que iniciaba “una etapa de reivindicación de la soberanía y la dignidad”. La defensa de la soberanía y el ejercicio autónomo e independiente de la política exterior emergió así como el principio rector de una nueva diplomacia.
De este principio se derivó una nueva concepción estratégica de la política exterior. Se interpretaron los interses nacionales sin condicionamientos externos derivados de los requerimientos globales de la potencia dominante. Se pasó de un eje de referencia basado en la alianza política y militar con los Estados Unidos y el mundo occidental, a otro totalmente distinto: la identificación de los intereses peruanos en función de la propia realidad nacional del país, social, económica, cultural, política y estratégica. Una política exterior al margen de las zonas de influencia de la guerra fría.
Ello significaba asumir que los Estados Unidos, Europa Occidental y el Perú tenían intereses diferenciados y también coincidentes. Los diferenciados llevaron al conflicto con los Estados Unidos por la recuperación de recursos naturales. Y eso había que aterrizarlo, negociarlo. En ese contexto Europa aparecía como un espacio poroso para afirmar una mayor autonomía y reforzar la capacidad negociadora con los Estados Unidos. En lo comercial, en las inversones y en la defensa nacional.
La autonomía en las decisiones de política exterior y el replanteamiento de los intereses nacionales, indicaban que el Perú no debía limitar sus relaciones diplomáticas en función de intereses estratégicos ajenos. Se afirmó, consiguientemente, el principio de la universalidad de las relaciones diplomáticas. Y en su ejercicio se abrieron relaciones con la Unión Soviética y los países socialistas de Europa Oriental, con Cuba e importantes países de África, Asia y el Caribe. Hasta 1968 el Perú tenía relaciones con Taiwán. Y desconocía la existencia de la China. La diplomacia de la revolución reconoció a la Repúbica Popular China como único representante del pueblo chino y asumió un liderazgo regional en la decisión que en 1971 incorporó a la China como miembro de las Naciones Unidas y por ende del Consejo de seguridad, en 1971. El Perú en siete años prácticamente duplicó el número de países con los que tenía relaciones diplomáticas.
Se asumió que el subdesarrollo se originaba en factores internos derivados de la sociedad oligárquica, articulados con una situación de dependencia exterior. Consecuentemente, la lucha contra la dependencia y la afirmación de una política internacional autónoma, el eje de la estrategia del desarrollo nacional.
La diplomacia económica emergió como un campo inédito en el ámbito multilateral. Desde la prioridad e impulso al pacto andino, la Comisión Económica de Coordinación Latinoamericana (CECLA), y posteriormente la creación del sistema económico latinoamericano, hasta el rol protagónico de la UNCTAD y la ONUDI en la búsqueda de la reversión de los términos del intercambio y el desarrollo desigual, la cooperación al desarrollo sin dependencia y el impulso a la industrialización. La relación y negociación multilateral con el mundo industrializado se canalizó a través del Diálogo Norte-Sur y del consenso para el establecimiento del Nuevo Orden Económico Internacional.
En lo político diplomático, todo el referente de la inserción externa de la política exterior del Perú cambió de eje. De la adscripción a los valores, los intereses y la conducta internacional de Estados Unidos y el occidente europeo, se pasó a articular la política exterior en la confluencia de intereses con América Latina y los países del tercer mundo. Surgió así la diplomacia tercermundista y su dimensión política: el no alineamiento. La opción no alineada no era ni es una política de neutralidad, sino una diplomacia activa y de compromiso. Que rechazaba la división del mundo en zonas de influencia entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Era antiimperialista y anticolonialista, y promotora de una gobernanza mundial en la que se respete la soberanía y autonomía de todos los Estados y se democraticen las relaciones internacionales.
La inserción del Perú en Sudamérica también cambió radicalmente. De una política basada casi exclusivamente en la defensa de las fronteras, los límites y los intereses territoriales, se pasó -reforzando estas- a una diplomacia de integración bilateral y multilateral. Y a un impulso novedoso de la cooperación fronteriza. El caso más relevante fue el del Ecuador. Sin alterar la histórica posición de la vigencia y ejecución del Protocolo de Río, se abrió un proceso de diálogo y cooperación fronteriza que tuvo en el proyecto de irrigación Puyango Tumbes su cota más alta. La integración regional, el reforzamiento de la capacidad de negociación conjunta de América Latina fue el eje multilateral de esta política.
Las relaciones interamericanas fueron otro campo de acción de la dinámica del cambio. El diagnóstico indicaba que ya no eran funcionales a los intereses de los países latinoamericanos y que servían esencialmente y de manera desequilibrada a los intereses ideológicos y globales de los Estados Unidos. Se asumió la iniciativa y se obtuvo la realización del proceso de reestructuración del sistema interamericano. Y, consistentemente, se llevó la iniciativa al Consejo y a la Asamblea General de la OEA para terminar con la exclusión de Cuba.
Carlos García Bedoya ha resumido y fundamentado el carácter revolucionario de la diplomacia del Perú en este período. Si la revolución consiste en trastocar el viejo orden y transformarlo en una nueva realidad emergente, la diplomacia de Velasco, sostiene García Bedoya, fue una expresión de la revolución porque transformó radicalmente la base social de la política exterior, su inserción global, las relaciones con los Estados Unidos y con Europa, la vinculación con América Latina y el relacionamiento con los países limítrofes, las relaciones interamericanas, la vinculación del Perú con el tercer mundo y el movimiento no alineado. Accionó para sepultar el régimen imperial y colonial del derecho del mar decimonónico y llevar al consenso mundial la tesis de las 200 milllas. E hizo de la diplomacia multilateral una renta estratégica del conjunto de la política exterior. En lo interno, dotó al Servicio Diplomático de su actual solidez institucional.
Al mismo tiempo, redefinió la defensa nacional. De una integración militar unilateral con los Estados Unidos, se pasó a una inserción plural y moderna. Que dotó al Estado de grandes márgenes de maniobra e independencia, a partir de la adquisición de armamentos a la Unión Soviética y a Francia. El Perú pasó a tener un potencial militar de primer orden en la región. Y se promovió un sistema de seguridad y defensa sudamericano.
La transformación revolucionaria de la política exterior se hizo con una connotación especial. Que atañe estrictamente a la dimensión diplomática del proceso y que fue el aporte de los funcionarios del Servicio Diplomático. Actores y ejecutores. El cambio se hizo ejerciendo el valor de la responsabilidad. Este valor en la diplomacia consiste en lograr la transformación del statu quo obteniendo el máximo beneficio y al mismo tiempo eliminando o minimizando los costos. Supone también que la relación diplomática de conflicto no llegue a la ruptura, sino a nuevos entendimientos a partir de la obtención del cambio estructural deseado.
Manuel Rodríguez Cuadros
Nota del presidente

La Revolución y la Política Exterior
La Revolución y la Tierra, el ya afamado documental de Gonzalo Benavente, ha traído a la memoria de los peruanos, especialmente de las juventudes, el sentido histórico, sociológico y ético de la reforma agraria que llevó a cabo el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Pero la revolución peruana, como se le conoció en el exterior, sacudió las viejas estructuras del Perú oligárquico no solo en el ámbito de las relaciones semifeudales que subsistían en el agro. La voluntad de cambio estructural produjo mutaciones radicales en otros ámbitos de la realidad nacional.
Se ensayó cambiar la estructura de la producción y la propiedad bajo un modelo propio, autodenominado pluralista, donde coexistiesen la propiedad privada, la estatal y la social. El trabajo se ensalzó como valor social. Y se propició la participación de los trabajadores en las empresas a través de las comunidades industriales y mineras. La explotación de los recursos naturales, especialmente los mineros y pesqueros, se priorizaron en la acción económica del Estado. Una visión social con énfasis en la vida cotidiana de las familias, el empoderamiento de los más pobres y una instrucción para la vida y el trabajo, impulsaron la reforma de la educación y una política cultural orientada a la integración nacional, la superación del racismo y la exclusión.
Terminado el proceso el 29 de agosto de 1975, con el golpe militar de Morales Bermúdez, que destruyó la revolución a nombre de la continuidad de la revolución, todas las reformas se quedaron a medio camino. Se revirtieron progresivamente. También se demonizaron. Es un error evaluar el proceso revolucionario de Velasco incluyendo en ese análisis a la denominada segunda fase, que en realidad fue su negación, su sepulturera. La revolución peruana fue un proceso de cambios inconcluso. Duró siete años. Y el país aún no encuentra sosiego para una evaluación objetiva y desapasionada.
En ese lapso hubo una reforma que no afectó o cambió estructuras productivas y sociales. Una reforma de la superestructura, si se quiere, pero que paradójicamente -quizá por esa misma naturaleza- es la que sigue orientando en sus lineamientos básicos -a pesar de todo y de mucho – la conducta del Estado peruano. La reforma, o como la llamó Carlos García Bedoya, la revolución de la política exterior.
A 1968 el Perú era un Estado y una sociedad oligárquicos con bolsones de un capitalismo mercantil, en la que el racismo cruzaba las relaciones sociales. Con una clase dirigente muy conservadora, dueña de sus privilegios. Un incipiente proceso de urbanización avistaba el futuro inmediato de la migración del campo a la ciudad. La coalición oligárquica entre el APRA y la Unión Nacional Odriísta ahogaba los intentos modernizadores y en algunos campos progresistas del gobierno de Belaúnde Terry. Estas características del Estado y la sociedad se reflejaban en la política exterior. Casi como un espejo.
Desde el fin de la primera guerra mundial el Perú había extraviado la tradición histórica del siglo XIX que había consolidado un manejo autónomo en las decisiones de la política exterior. La sustituyó una creciente dependencia y asociación asimétrica con los Estados Unidos, que se institucionalizó en el oncenio de Leguía y especialmente después de la segunda guerra mundial. El Perú autolimitó el alcance de su diplomacia a un mundo más pequeño que el real. Debido a su alianza política y militar, bilateral y multilateral con los Estados Unidos, la diplomacia peruana había achicado el mundo o, si se quiere, lo había reducido políticamente a una realidad virtual que no se correspondía con la realidad ni con la geografía política. Un mini mundo integrado por el entorno limítrofe, el resto de Sudamérica, algo de Centroamérica y México, la Europa Occidental, Japón, la India y Corea del Sur en el Asia. El resto del mundo no era un referente de la política exterior peruana y gran parte de este no-mundo -los países socialistas y con procesos de consolidación de su liberación nacional en Asia y África- era además un horizonte prohibido para el desplazamiento de los peruanos, por turismo o trabajo. Obviamente no existían relaciones diplomáticas ni comerciales. Los pasaportes traían junto a su empaste verde un sello que decía: “El presente pasaporte no es válido para viajar a la URSS, la China, Bulgaria, Rumania, Checoeslovaquia, Alemania Oriental, Polonia, Hungría y Cuba”. La trasgresión se punía como delitos contra la fe y la seguridad públicas.
En ese mundo reducido, Torre Tagle, como institución, con eficiencia, mucho profesionalismo y patriotismo, reducía su acción a lo que Alberto Ulloa llamó el horizonte territorial de la Rosa de los Vientos; es decir, a los decisivos y recurrentes asuntos de límites y fronteras. Añadía a esa agenda una prioritaria y dependiente vinculación con los Estados Unidos y una complementaria vinculación positiva con Europa Occidental, especialmente Francia, Italia, Inglaterra e intermitentemente con España y Alemania, siempre en función del espejo de Washington.
Las élites dirigentes autopercibían el Perú como un país occidental, blanco-mestizo-urbano, aliado de los Estados Unidos. Una sociedad que se sentía parte del mundo occidental industrializado, más allá que el 70 % de la población a la época sea indígena-mestiza-provinciana y que su economía se sustente en una agricultura semifeudal y una extracción minera impía con el medio ambiente, las poblaciones locales y sus trabajadores. Esta autopercepción del Perú como parte de la cultura europea y grecolatina, llevó al presidente Prado a lanzar una iniciativa diplomática para unir a la latinidad europea con la peruana.
Se trataba de una política exterior defensora del statu quo nacional, regional y mundial, con algunos atisbos modernizadores. Muy conservadora. Con una acción multilateral reducida básicamente a las Naciones Unidas y la OEA. Que actuaba al interior de la alianza política y militar con los Estados Unidos. Bajo este paraguas fue activa y descollante en algunos procesos y logró construir un espacio de autonomía en torno a la reivindicación inicial de las 200 millas. Cuando Porras quiso llevar este gesto al ámbito político en el asunto de Cuba, le costó el puesto y quizá le aceleró la muerte.
El Estado oligárquico se sentía parte del poder de los otros, es decir, del poder mundial de los Estados Unidos y evidentemente de sus empresas. Pero, al mismo tiempo, era incapaz de oír las propias demandas de la Alianza para el Progreso y del presidente Kennedy para hacer una reforma agraria que cambie -con más de cien años de atraso- lo semifeudal por un incipiente capitalismo agrario. Lo mismo sucedía con las minas, con la Cerro de Pasco Corporation y, muy particularmente, con la International Petroleum Company. La extrema inequidad de los contratos petroleros había creado un frente de diversos sectores nacionalistas, el centro y los incipientes movimientos de izquierda. Su nacionalización fue la bandera con la que la Acción Popular progresista de 1963 ganó las elecciones, y también el estandarte de su caída el 3 de octubre de 1968.
Más allá de la determinación social y política que inspiró el proceso de cambios, la política exterior se inició con un hecho interno: la toma de la International Petroleum Company el 9 de octubre de 1968. Significó el primer enfrentamiento directo con los Estados Unidos en la historia de las relaciones internacionales del Perú. Velasco, en el discurso a la nación con motivo de la expropiación, interpretó la decisión como una expresión de la soberanía nacional, anunciando que iniciaba “una etapa de reivindicación de la soberanía y la dignidad”. La defensa de la soberanía y el ejercicio autónomo e independiente de la política exterior emergió así como el principio rector de una nueva diplomacia.
De este principio se derivó una nueva concepción estratégica de la política exterior. Se interpretaron los interses nacionales sin condicionamientos externos derivados de los requerimientos globales de la potencia dominante. Se pasó de un eje de referencia basado en la alianza política y militar con los Estados Unidos y el mundo occidental, a otro totalmente distinto: la identificación de los intereses peruanos en función de la propia realidad nacional del país, social, económica, cultural, política y estratégica. Una política exterior al margen de las zonas de influencia de la guerra fría.
Ello significaba asumir que los Estados Unidos, Europa Occidental y el Perú tenían intereses diferenciados y también coincidentes. Los diferenciados llevaron al conflicto con los Estados Unidos por la recuperación de recursos naturales. Y eso había que aterrizarlo, negociarlo. En ese contexto Europa aparecía como un espacio poroso para afirmar una mayor autonomía y reforzar la capacidad negociadora con los Estados Unidos. En lo comercial, en las inversones y en la defensa nacional.
La autonomía en las decisiones de política exterior y el replanteamiento de los intereses nacionales, indicaban que el Perú no debía limitar sus relaciones diplomáticas en función de intereses estratégicos ajenos. Se afirmó, consiguientemente, el principio de la universalidad de las relaciones diplomáticas. Y en su ejercicio se abrieron relaciones con la Unión Soviética y los países socialistas de Europa Oriental, con Cuba e importantes países de África, Asia y el Caribe. Hasta 1968 el Perú tenía relaciones con Taiwán. Y desconocía la existencia de la China. La diplomacia de la revolución reconoció a la Repúbica Popular China como único representante del pueblo chino y asumió un liderazgo regional en la decisión que en 1971 incorporó a la China como miembro de las Naciones Unidas y por ende del Consejo de seguridad, en 1971. El Perú en siete años prácticamente duplicó el número de países con los que tenía relaciones diplomáticas.
Se asumió que el subdesarrollo se originaba en factores internos derivados de la sociedad oligárquica, articulados con una situación de dependencia exterior. Consecuentemente, la lucha contra la dependencia y la afirmación de una política internacional autónoma, el eje de la estrategia del desarrollo nacional.
La diplomacia económica emergió como un campo inédito en el ámbito multilateral. Desde la prioridad e impulso al pacto andino, la Comisión Económica de Coordinación Latinoamericana (CECLA), y posteriormente la creación del sistema económico latinoamericano, hasta el rol protagónico de la UNCTAD y la ONUDI en la búsqueda de la reversión de los términos del intercambio y el desarrollo desigual, la cooperación al desarrollo sin dependencia y el impulso a la industrialización. La relación y negociación multilateral con el mundo industrializado se canalizó a través del Diálogo Norte-Sur y del consenso para el establecimiento del Nuevo Orden Económico Internacional.
En lo político diplomático, todo el referente de la inserción externa de la política exterior del Perú cambió de eje. De la adscripción a los valores, los intereses y la conducta internacional de Estados Unidos y el occidente europeo, se pasó a articular la política exterior en la confluencia de intereses con América Latina y los países del tercer mundo. Surgió así la diplomacia tercermundista y su dimensión política: el no alineamiento. La opción no alineada no era ni es una política de neutralidad, sino una diplomacia activa y de compromiso. Que rechazaba la división del mundo en zonas de influencia entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Era antiimperialista y anticolonialista, y promotora de una gobernanza mundial en la que se respete la soberanía y autonomía de todos los Estados y se democraticen las relaciones internacionales.
La inserción del Perú en Sudamérica también cambió radicalmente. De una política basada casi exclusivamente en la defensa de las fronteras, los límites y los intereses territoriales, se pasó -reforzando estas- a una diplomacia de integración bilateral y multilateral. Y a un impulso novedoso de la cooperación fronteriza. El caso más relevante fue el del Ecuador. Sin alterar la histórica posición de la vigencia y ejecución del Protocolo de Río, se abrió un proceso de diálogo y cooperación fronteriza que tuvo en el proyecto de irrigación Puyango Tumbes su cota más alta. La integración regional, el reforzamiento de la capacidad de negociación conjunta de América Latina fue el eje multilateral de esta política.
Las relaciones interamericanas fueron otro campo de acción de la dinámica del cambio. El diagnóstico indicaba que ya no eran funcionales a los intereses de los países latinoamericanos y que servían esencialmente y de manera desequilibrada a los intereses ideológicos y globales de los Estados Unidos. Se asumió la iniciativa y se obtuvo la realización del proceso de reestructuración del sistema interamericano. Y, consistentemente, se llevó la iniciativa al Consejo y a la Asamblea General de la OEA para terminar con la exclusión de Cuba.
Carlos García Bedoya ha resumido y fundamentado el carácter revolucionario de la diplomacia del Perú en este período. Si la revolución consiste en trastocar el viejo orden y transformarlo en una nueva realidad emergente, la diplomacia de Velasco, sostiene García Bedoya, fue una expresión de la revolución porque transformó radicalmente la base social de la política exterior, su inserción global, las relaciones con los Estados Unidos y con Europa, la vinculación con América Latina y el relacionamiento con los países limítrofes, las relaciones interamericanas, la vinculación del Perú con el tercer mundo y el movimiento no alineado. Accionó para sepultar el régimen imperial y colonial del derecho del mar decimonónico y llevar al consenso mundial la tesis de las 200 milllas. E hizo de la diplomacia multilateral una renta estratégica del conjunto de la política exterior. En lo interno, dotó al Servicio Diplomático de su actual solidez institucional.
Al mismo tiempo, redefinió la defensa nacional. De una integración militar unilateral con los Estados Unidos, se pasó a una inserción plural y moderna. Que dotó al Estado de grandes márgenes de maniobra e independencia, a partir de la adquisición de armamentos a la Unión Soviética y a Francia. El Perú pasó a tener un potencial militar de primer orden en la región. Y se promovió un sistema de seguridad y defensa sudamericano.
La transformación revolucionaria de la política exterior se hizo con una connotación especial. Que atañe estrictamente a la dimensión diplomática del proceso y que fue el aporte de los funcionarios del Servicio Diplomático. Actores y ejecutores. El cambio se hizo ejerciendo el valor de la responsabilidad. Este valor en la diplomacia consiste en lograr la transformación del statu quo obteniendo el máximo beneficio y al mismo tiempo eliminando o minimizando los costos. Supone también que la relación diplomática de conflicto no llegue a la ruptura, sino a nuevos entendimientos a partir de la obtención del cambio estructural deseado.

