La epidemia de la COVID 19 pone a Europa en estado de emergencia con una segunda ola más fuerte que todas las previsiones. En el Perú, aun no se sale de la primera ola y las restricciones se siguen flexibilizando. El País es el número uno del mundo en muertes por número de habitantes. Lo que demuestra la fragilidad y la grave insuficiencia de su sistema sanitario. La intensidad de la pandemia en el Perú se explica también por las desigualdades sociales y un crecimiento urbano hipertrofiado y anómico. Una segunda ola pondría al país en una situación aún más grave, para la cual el sistema sanitario no ha sido ni preparado ni fortalecido. La estrategia de adquisición de vacunas y de su aplicación aún es incierta en sus alcances. Se plantearán enormes desafíos logísticos de traslado, almacenaje y vacunación masiva que el país parece estar aún lejos de obtener.

Una profunda desigualdad y corrupción frustraron las medidas que el país tomó al preparar la respuesta ante la pandemia.

LIMA, Perú — El presidente Martín Vizcarra siguió los mejores consejos cuando el coronavirus llegó a Perú.

Ordenó uno de los primeros y más estrictos confinamientos de América Latina y lanzó uno de los mayores paquetes de ayuda económica para facilitar a los ciudadanos que se quedaran en casa. Compartió detallados datos de salud con el público, se apresuró a agregar camas y ventiladores a los hospitales y aumentó el número de pruebas.

Con robustas arcas públicas y niveles récord de aprobación, el gobierno centrista de Vizcarra parecía estar bien preparado para enfrentar la pandemia.

Sin embargo, en vez de ser aplaudido como modelo, Perú se ha convertido en uno de los epicentros más críticos del coronavirus en el mundo: sus hospitales están abrumados y la gente huye de las ciudades. La crisis ha estropeado el barniz de progreso económico de Perú, y expuso la desigualdad y la corrupción fuertemente arraigadas que han obstaculizado la respuesta a la pandemia.

“Nos pidieron todos quedarnos en casa, pero hay muchas personas que no tienen ahorros, y eso ha sido imposible. Nos pidieron lavarnos las manos, pero solo uno de cada tres hogares pobres tiene acceso a una red de agua potable”, dijo Hugo Ñopo, investigador en el grupo de análisis Grade. Solo la mitad de los hogares peruanos tiene refrigeradoras, agregó, lo cual obliga a muchas familias a volver a diario a los mercados abarrotados, una importante fuente de contagio.

La tragedia de Perú se desarrolla en medio de una explosión más amplia del virus en América Latina, que de un remanso pasó a ser un epicentro de la pandemia en los dos últimos meses. Cerca de 1,5 millones de personas han dado positivo en la región y los expertos dicen que el número real de infecciones es mucho mayor.

Las cifras siguen aumentando de manera pronunciada y lo peor parece estar lejos de terminar. Con el invierno a punto de llegar en la parte sur de la región y la temporada de huracanes en el norte, la Organización Mundial de la Salud advirtió esta semana que las condiciones climáticas adversas podrían llevar a un nuevo aumento de las infecciones y entorpecer la respuesta a la pandemia.

Perú tiene alrededor de 6000 muertes confirmadas de la COVID-19 y más de 200.000 infecciones, y los expertos dicen que las cifras se quedan cortas al reflejar la verdadera dimensión de la tragedia. En mayo, la tasa de mortalidad en Perú —por todas las causas— fue el doble que el promedio de los últimos años, según los datos recopilados por The New York Times, lo que sugiere un número de muertes por coronavirus de dos a tres veces la cifra confirmada por laboratorio. Muchos pacientes con síntomas fallecen sin que se les haga una prueba.

La ferocidad del brote de la enfermedad en Perú rivaliza con la del vecino Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro —a diferencia de Vizcarra— ha ignorado en gran medida los consejos de los especialistas y se ha rehusado a tomar medidas para controlar el contagio.

“Los resultados no han sido los que exactamente esperábamos”, dijo Vizcarra el mes pasado. “Esta no es solamente una crisis de salud, es una crisis social y económica sin precedentes”.

Antes de la pandemia, las cosas estaban mejorando para Eduardo José Domínguez, de 29 años, quien administraba una tienda de sándwiches en las afueras de Lima, la capital de Perú. Pero cuando la tienda se cerró por el confinamiento, él tomó trabajos ocasionales como carpintero o vigilante nocturno para pagar las cuentas, y trabajó unas 15 horas al día hasta que se puso tan enfermo con los síntomas de la COVID-19 que apenas podía caminar.

“Solo quería dar sustento a su familia”, dijo su esposa, Ana Ponte.

Durante días, dijo, solicitó ayuda médica mientras su esposo se iba quedando sin aliento por falta de aire, pero le dijeron que los hospitales no estaban admitiendo nuevos pacientes. El día que murió, ella intentó en vano reanimarlo, mientras esperaba una ambulancia que llegó demasiado tarde.

El rápido descenso de Perú —de historia de éxito a calamidad regional— ha desanimado a sus 32 millones de habitantes y provocado un examen de conciencia nacional.

Años de fuerte crecimiento económico impulsado por las exportaciones mineras y agrícolas, así como por políticas financieras prudentes, habían convertido al país en una rara estrella en el horizonte de estancamiento latinoamericano. Bajo una serie de presidentes proempresariales, millones de peruanos escaparon de la pobreza en este siglo, lo que les permitió enviar a sus hijos a escuelas privadas, instalar agua potable o iniciar pequeños negocios.

Pero el confinamiento ha expuesto la fragilidad del progreso económico de Perú, dijo Pablo Lavado, economista de la Universidad del Pacífico en Lima. Dos décadas de crecimiento económico elevaron muchos ingresos pero no abordaron la profunda desigualdad y trajeron pocos empleos estables y poca inversión en atención médica, lo que redujo la efectividad de las medidas contra la pandemia del presidente Vizcarra.

Lavado dijo que muchos peruanos se encuentran en la misma situación que Domínguez: obligados a correr el riesgo de contraer el coronavirus en lugar de quedarse en casa y caer en la pobreza y el hambre.

“En Perú nos congratulábamos por empezar a ser un país de clase media”, dijo. “Pero resulta que es una clase media muy vulnerable, muy frágil”.

Otro obstáculo ha sido la corrupción arraigada que Vizcarra prometió enfrentar cuando asumió el cargo hace dos años. Tres expresidentes de Perú han estado en la cárcel en relación con una investigación en curso sobre sobornos, al igual que la líder de la oposición. Otro expresidente se suicidó el año pasado para evitar ser arrestado y otro más está encarcelado después de múltiples condenas por violaciones a los derechos humanos, malversación de fondos y abusos de poder.

Los fiscales anticorrupción han abierto más de 500 investigaciones desde que comenzó el confinamiento, el 16 de marzo, y a menudo investigan informes sobre funcionarios que se embolsaron dinero destinado a ayuda alimentaria o equipos de protección personal. Más de veinte casos tienen que ver con la policía o las fuerzas armadas.

Los programas de ayuda no han llegado a muchas de las personas que los necesitan. Sin trabajo y temerosos del virus en las ciudades abarrotadas, decenas de miles de peruanos han regresado a sus pueblos de origen, muchos de ellos a pie. Algunas personas han empezado a mendigar de puerta en puerta.

Entre los más vulnerables está el casi millón de migrantes venezolanos que desde 2016 habían llegado en masa a Perú desde su devastada tierra natal en busca de mejores condiciones de vida. No son candidatos para recibir los estipendios del gobierno y carecen de redes familiares cercanas en las cuales apoyarse, por lo que miles de ellos han emprendido el arduo viaje a pie de regreso a Venezuela.

Domínguez, quien llegó a Perú hace dos años, estaba entre los venezolanos que se quedaron.

Había ganado lo suficiente como para que él y Ponte tuvieran un segundo hijo el otoño pasado, una decisión que habían pospuesto durante años. Este año planeaba visitar Venezuela con sus primos, ansioso por presentarles a su hijo recién nacido.

Cuando una ambulancia llegó a su casa, minutos después de su muerte, los médicos le dijeron a Ponte que no disponían de pruebas para confirmar si tenía coronavirus; su esposo sería uno más entre las legiones de posibles víctimas no incluidas en el recuento oficial. Y dijeron que no tenían dónde almacenar su cuerpo.