La diplomacia peruana ha seguido las vicisitudes de las crisis políticas que condujeron a la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski y a la presentación de la moción de vacancia del presidente Martín Vizcarra.

La política exterior de la fase Kuczynski se inauguró con un esquema conceptual que interpretaba las opciones de política exterior en función de una continuidad histórica. Del cambio fundamental que vivió la diplomacia peruana a partir de la década de los 70.  En ese sentido, se reivindicó una línea de trabajo con los países limítrofes, la defensa de la democracia, la revalorización del multilateralismo y la afirmación de márgenes de autonomía nacional en las decisiones de política exterior. Este diseño no tuvo un correlato fáctico. En la práctica, fue sustituido progresivamente por una acción concentrada en la cuestión venezolana, a partir de la creación del Grupo de Lima y una vinculación prioritaria con los Estados Unidos.

Venezuela pasó a ser el leitmotiv de la diplomacia y el gobierno. Mientras los Estados Unidos se mantuvieron relativamente al margen de la acción del Grupo de Lima, el Perú logró construir un espacio de concertación legítimo y alternativo a los países del Alba y al bloqueo de la OEA, para presionar por la democratización en Venezuela. Fue una corta fase de avances y liderazgo peruano. Con efectos positivos en la presión internacional para contener el proceso de alteración del orden democrático venezolano y promover la defensa de los derechos humanos.

En marzo del 2017, el Tribunal Supremo, en concordancia como el Partido Socialista Unido, decidió suprimir La Asamblea Nacional venezolana y asumir sus funciones. En julio, el gobierno de Nicolás Maduro estableció una Asamblea Constituyente con la finalidad de aprobar una nueva constitución y liquidar el órgano legislativo constitucional. Estos hechos produjeron una frontal alteración del orden democrático institucional en Venezuela. La comunidad internacional reaccionó fuertemente a esta grave afectación del orden democrático e instauración de un gobierno autoritario y dictatorial.

Los hechos indujeron un cambio importante en la posición de los Estados Unidos. El Departamento de Estado y el propio presidente Trump se involucraron más directamente en la cuestión venezolana y la incorporaron a su agenda política global. En la decisión concurrieron factores de política interna y el diseño de una diplomacia de activa participación en la escena política latinoamericana para “contener” la cada vez más importante relación de China con la región.

El nuevo escenario debilitó los espacios de diálogo propiamente regional existentes al interior del Grupo de Lima, y las acciones de este y de la diplomacia peruana se orientaron a sostener el nuevo liderazgo de los Estados Unidos.

Las iniciales posiciones para propiciar con realismo negociaciones entre las partes involucradas, para encontrar un acuerdo al interior de Venezuela que permita la democratización, se sustituyeron progresivamente por la convergencia con las posturas del Departamento de Estado. La exigencia de una solución unilateral basada en el derrocamiento del gobierno de Maduro y su sustitución por un gobierno transitorio, que convoque a un proceso electoral bajo condiciones democráticas y estándares internacionales. El Grupo de Lima perdió identidad propia en este proceso y asumió la estrategia de suma cero proveniente del Norte.

La opción suma cero no funcionó. Los sucesivos llamamientos a la rebelión de los estamentos militares, al golpe de Estado y a una insurrección social fracasaron. Lo hicieron también las sanciones a altos dirigentes del gobierno, la familia de Maduro y los altos mandos militares. Fracasó también un confuso incidente de uso de mercenarios. En la práctica, estas erráticas acciones han contribuido a consolidar el poder interno del gobierno venezolano. Adicionalmente, la no efectividad de la creación de un gobierno paralelo, al mando de Juan Guaidó, ha generado una frustración que afecta a la unidad de la oposición democrática venezolana.

En ese contexto, al ritmo del agotamiento de la estrategia de implosionar el régimen de Maduro o propiciar su derrocamiento, la acción del Grupo de Lima se ha ido debilitando y difuminando progresivamente de la escena. El mismo curso ha seguido la diplomacia venezolana de Torre Tagle.

En el escenario actual se sostienen como polos activos en la crisis venezolana los Estados Unidos, que insisten en el inmovilismo de posiciones extremas, y la Unión Europea y el Grupo de Contacto que optan por la diplomacia y la negociación para obtener una solución democrática, viable y realista. La negociación hecha por un sector de la oposición que obtuvo la liberación de más de 100 presos políticos, y la última misión de la Unión Europea y el Grupo de Contacto para propiciar el aplazamiento por seis meses de las elecciones de la Asamblea Nacional, previstas para el 6 de diciembre, son hitos importantes en este proceso. No existen condiciones para elecciones democráticas en Venezuela. El Grupo de Contacto busca que las partes negocien esas condiciones. La cancillería peruana se ha mantenido al margen de esta importante iniciativa impulsada por Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores.

De esta manera la iniciativa que asumió el Perú al inicio del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se ha ido diluyendo en una identidad ajena que durante la gestión del presidente Vizcarra ha transitado hacia una actitud pasiva, de coincidencia y soporte a las iniciativas de los Estados Unidos y sus esporádicas expresiones a través del Grupo de Lima.

La otra línea de política exterior de la administración fue una inédita decisión de postular candidatos peruanos a dos de los organismos internacionales más importantes de la diplomacia regional y mundial: la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Dirección General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Es inusual que un país -aun una potencia mundial como Estados Unidos, China o Francia-aspire simultáneamente a candidaturas de esa excepcional importancia y envergadura. Cuyas elecciones casi coincidían en el tiempo. Observadores de la prensa internacional coincidieron en que ambas aspiraciones no levantarían vuelo. La candidatura a la OEA -de manera temprana- fue cuestionada públicamente -hecho inusual- por los propios Estados Unidos. El representante del presidente Trump, Mauricio Claver-Carone, hoy presidente electo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), declaró en Lima que la candidatura peruana era divisionista y constituía un equívoco. Poco después el Perú retiró la candidatura.

La OMPI es el organismo económico con mayor vigencia e importancia en el sistema de Naciones Unidas. En la época de la cuarta revolución industrial y las tecnologías digitales, las reglas y registros de la propiedad intelectual tienen la mayor importancia y están en el centro de las relaciones entre las grandes potencias. El Perú presentó la candidatura del Director de INDECOPI para la Dirección General, uno de los puestos más codiciados a nivel mundial. Compitió con los candidatos patrocinados por las grandes potencias económicas del mundo. La elección fue ganada por el candidato de Singapur, Daren Tang, con el apoyo de Estados Unidos, Japón y la Unión Europea.

Ricardo Lagos, el expresidente de Chile, cuando hizo estudios en Washington, escribió una memoria sobre la racionalidad y la irracionalidad en la política exterior, teniendo como referente al Perú. La diplomacia es quizás el ámbito de la política donde la irracionalidad está más controlada, porque quienes toman las decisiones usualmente establecen una relación entre las acciones a tomar y los resultados a obtener. Se evita como regla general la suma nula. Se buscan escenarios donde las ganancias y pérdidas no sean muy onerosas para la acción externa del Estado. Las candidaturas a la OEA y la OMPI parecen no haber transitado por estas razonables y saludables reglas.

Con la pandemia, la diplomacia actual se ha concentrado en la gestión consular para la repatriación de los peruanos varados en el extranjero, la búsqueda de cooperación internacional no reembolsable -de poco significado por ser el Perú un país de renta media que no califica para la cooperación del desarrollo-. Sin embargo, se ha obtenido ciertamente algunas donaciones que han aliviado la crisis de la infraestructura sanitaria que la pandemia ha revelado.

La nueva prioridad es la diplomacia para las vacunas de la COVID 19. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha asumido el liderazgo y la coordinación nacional para la adquisición de vacunas. Es una prioridad nacional, evidentemente. Quizá más propia de los ministerios de Economía y Comercio Exterior.

El Perú se ha asociado a la iniciativa COVAX, uno de los tres mecanismos de “ Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator”, una alianza internacional dirigida a controlar la pandemia mediante el acceso equitativo a las vacunas contra la COVID 19. COVAX es coordinado por GABI, la Alianza para las Vacunas, y su trabajo está dirigido prioritariamente a las 92 economías del mundo de ingresos bajos y medianos. Complementariamente 80 países potencialmente autofinaciados – entre ellos el Perú –  han expresado su interés  para participar en la iniciativa.

El acceso a la vacuna contra el COVID 19   en el mraco de COVAX , para los paises medios de altos ingresos como el Perú, dependerá del desarrollo de la iniciativa y de los aportes financieros  del país. En el horizonte previsible es una opción en la que hay que participae, evidentemente, pero que no aegura  a priori el acceso a la vacuna conforme a las demandas nacionales. Las variables en juego  indican que las vacunas habrán de obtenerse en el mercado farmaceúitico mundial, lo que implica operaciones comerciales oportunas y transparentes Demanda también la elaboración y aprobación de una legislación nacional ad hoc que asegure precios mínimos o su gratuidad  en la comercialización  privada de las vacunas en el mercado interno.

Desde la óptica del análisis político, es notorio el desfase entre la orientación de la política interna y la política externa, en comparación con la gestión de Kuczynski. En esta última se mantuvo una coherencia en la línea conservadora de ambas políticas. Con Martín Vizcarra hay una inflexión en la política interna, más hacia el centro, con aperturas pragmáticas al centro derecha y al centro izquierda. Pero en política exterior esta inflexión ha sido inexistente.

Manuel Rodríguez Cuadros

Presidente ILADIR