La historia de Perú ha estado asociada a la inestabilidad. Eso parecía cambiar con el nuevo milenio, cuando logró fortalecer su democracia. La reciente moción de vacancia contra el actual presidente y las crisis de la pandemia amenazan con volver al caos.

CHICAGO, Estados Unidos — Durante buena parte de su vida independiente, la imagen de Perú ha estado asociada a la inestabilidad permanente.

El país ha contado con 12 constituciones, un siglo XIX marcado por la guerra de caudillos y la ocupación extranjera, un siglo XX con unos diez golpes militares, agitación social sin tregua y un importante impulso revolucionario. Y si nos vamos al plano económico, los giros de timón de una orientación a otra pintaban una imagen muy similar. Esta asociación con la inestabilidad era tan fuerte que cuando inició el golpe de Estado de 1948, se atribuye una frase clarividente al poeta Martín Adán: “Hemos vuelto a la normalidad”. Pero algo cambió en el nuevo milenio. Empezaron a circular ideas sobre un “milagro peruano” que incluía un crecimiento promedio anual de 4,8 por ciento, reducción drástica de la pobreza y una sana disciplina macroeconómica. En lo político, el milagro tomó la forma de democracia: por primera vez en nuestra historia, cuatro presidentes elegidos democráticamente se sucedieron uno tras otro.

¡El Perú era otro! O, quizás, como hemos visto en las últimas semanas, es el mismo de siempre.

El pedido de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra llama a preguntarnos si, como sentenció Adán, estamos de regreso a la normalidad. La vuelta al desorden debería preocuparnos: implica que los mecanismos extremos que provee nuestra constitución se vuelvan cotidianos, que el sistema político se siga erosionando en lugar de ganar solidez y también se observa un inquietante acercamiento de los militares a la política. Los avances de los últimos años son demasiado valiosos como para perderlos. En política es preferible el aburrimiento que la álgida normalidad de nuestra historia.

Aunque la vacancia contra Vizcarra ha fracasado —solo se lograron 32 de los 87 votos necesarios— la crisis política no se detendrá. En lo que va de 2016, el botón nuclear de la vacancia presidencial se ha invocado en tres oportunidades, un presidente ha renunciado y el Congreso ha sido cerrado. A esta ecuación del desastre, la COVID-19 ha sumado crisis sanitaria y económica. Perú rompe récords en la tasa de mortalidad, mientras se anuncia que el PBI caerá más del 12 por ciento en 2020. El panorama no es alentador: combina inestabilidad política, empobrecimiento y muerte de un modo que se asemeja más a su trayectoria de largo plazo que a la nueva estabilidad de las últimas dos décadas.

En días recientes esta crisis tomó ribetes de telenovela. Los detalles son tan pintorescos como enrevesados. Vizcarra fue acusado de favorecer la contratación pública de un personaje poco conocido de la farándula local. Y una serie de audios (irregularmente obtenidos) han desnudado rumores, rencillas y traiciones —mucho más que pruebas contundentes— alrededor del presidente y su entorno más cercano. A estas alturas es evidente que Vizcarra merece ser investigado con rigurosidad. Pero perderse en las minucias de los audios parece un camino inexorable a la confusión. El episodio debe mirarse, más bien, como parte de una saga más amplia que apunta a la corrosión de la estabilidad del nuevo milenio.

Señales de esta corrosión son evidentes desde 2016. Las elecciones de ese año no fueron del todo competitivas y la perdedora de la segunda vuelta (Keiko Fujimori) aceptó los resultados tarde y a regañadientes. En 2018, el Congreso controlado mayoritariamente por el fujimorismo consiguió la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) luego de dos intentos de vacancia. En 2019, su sucesor al mando del país, el vicepresidente Vizcarra, terminó disolviendo el Congreso en un acto cuya validez tuvo que determinarse en el Tribunal Constitucional. Por las razones que fuesen, Vizcarra no actuó de acuerdo con lo que la tradición latinoamericana manda para los presidentes sin partidos y populares: no abusó del poder mientras gobernó en solitario y se celebraron elecciones libres para recomponer el Congreso hasta 2021. Pero el fantasma de la inestabilidad siguió asomando: en este nuevo escenario político, tuvo lugar el proceso de vacancia de la semana pasada.

Si la democracia peruana parece tambalearse, un proceso similar ocurre en el plano económico. Los estragos de la pandemia han acelerado la desafección con el modelo orientado al mercado. Hay embates populistas desde el Congreso que desafían al otrora poderoso Ministerio de Economía y Finanzas y al Banco Central de Reserva. En un país que logró bloquear el giro a la izquierda latinoamericano de los años 2000, todo esto parecía impensable hasta hace poco.

Pero si examinamos con cuidado nuestra historia reciente podríamos ver que el sustrato del descalabro generalizado —tanto en lo político como en lo económico— es más profundo. Y no es nuevo. Detrás del milagro peruano se escondían problemáticas bastante terrenales.

A la debilidad de los partidos políticos, las últimas semanas han confirmado que también asistimos a una degradación de la política hasta niveles insospechados. En medio de la desgracia nacional causada por la pandemia existan congresistas que proponen medidas económicas que amenazan con profundizar más que aliviar el hambre. En lugar de optar por un pacto común durante la contingencia, muchas autoridades se asemejan más a mercenarios con lealtades fluidas y movidos por intereses subalternos. Vizcarra y su círculo de confianza no son ajenos a esta dinámica, como las grabaciones en Palacio de Gobierno han confirmado. Sin embargo, nadie parece personificar mejor esta degradación que el principal impulsor de la vacancia contra Vizcarra, Edgar Alarcón. El congresista podría ser sentenciado a 17 años de prisión por presuntos actos de corrupción y, según reportajes periodísticos, estaría involucrado en actos de espionaje.

Y también se ha visto un juego peligroso: los políticos han optado por apelar a los militares para ratificar decisiones políticas. Se trata de una tendencia cada vez más recurrente en América Latina, donde los militares empiezan a ganar influencia en países vecinos como Bolivia y Brasil, y que en Perú habíamos logrado evitar. Hasta ahora. Vizcarra recurrió a una foto junto a los altos mandos militares y policiales tras disolver el Congreso en septiembre de 2019. Y recientemente, en pleno proceso de vacancia, se dio a conocer que el presidente del Congreso —siguiente en la línea de sucesión presidencial—, se habría comunicado con militares para solicitarles apoyo. Poco después, el presidente del Consejo de Ministros apareció en conferencia de prensa acompañado de los comandantes generales y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

¿Estamos de vuelta a nuestra tumultuosa normalidad? Es posible. Pero los últimos 20 años demuestran que no estamos condenados a la inestabilidad como normalidad histórica. También llaman la atención sobre la necesidad de esperar menos milagros (económicos y políticos) y construir un Perú mirando nuestros demonios de largo plazo. Esto pasa por rechazar el involucramiento de los militares en política, discutir sin dogmatismo reformas al modelo económico antes de una arremetida populista y apoyar las reformas políticas pendientes para mejorar la oferta política. Finalmente, implica entender que la vacancia daña la institución de la presidencia sin resolver las falencias y los posibles delitos de nuestros presidentes. Con todos sus predecesores investigados por casos tan graves como vinculaciones con el caso Odebrecht, es razonable esperar que Vizcarra responda a la justicia, de ser necesario, al finalizar su mandato.

Si las tareas pendientes parecen abrumadoras, haríamos bien en recordar a ese gran intelectual peruano que fue Julio Cotler: la política debe consistir “en hacer posible lo necesario”. Estamos en momentos inusuales que exigen nuestra anormalidad política: la estabilidad.