En su discurso a la Nación, el 28 de julio, la presidenta del Perú, Dina Boluarte varió a nivel declarativo la posición de su gobierno sobre el Informe que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo público, el 23 de enero de 2023. El reporte se elaboró a raíz de los asesinatos y graves violaciones a los derechos humanos producidas durante las protestas sociales, que tuvieron lugar entre el 7 de diciembre del 2022 y el 23 de enero de 2023, especialmente en Puno, Ayacucho y Andahuaylas.

Ell New York Times , el 16 de marzo de 2023 ,  publicó un exhaustivo informe que dio cuenta de una investigación realizada a partir de consultas a expertos y peritos balísticos, entrevistas a testigos y familiares, necropsias y registros de armas. Presentó pruebas documentales, especialmente videos  e informes técnicos, que muestran que en la represión se  “emplearon fusiles de asalto y municiones letales en contra de personas que no estaban armadas y no representaban una amenaza”.

De manera coincidente, la CIDH, Human Rigths Watch, Amnesty International, los relatores de derechos humanos de las Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo, llegaron a la conclusión que la represión hizo un uso ilegítimo y desproporcionado de la fuerza. Murieron 59 personas, incluido un policía que fue agredido por la turba. y resultaron heridas más de 1300 personas. Para los organismos internacionales de derechos humanos la mayoría de estas muertes habrían constituido ejecuciones arbitrarias.

La Comisión Interamericana de Derechos Humnos, el 23 de abril del 2023, presenyú su informe final, titulado”  “La situación de los Derechos Humanos en el Perú”. En su reporte confirma que se habría producido ejecuciones extrajudiciales en un amplio número de casos. Que el Estado incumplió su deber de garantía y que no se estaba llevando a cabo las investigaciones para individualizar a los responsables, conforme a los estándares internacionales exigibles. Indicó asimismo que, en Ayacucho, “al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, (los hechos) podrían calificarse como una masacre”.

La reacción del gobierno peruano fue inmediata. La presidenta Dina Boluarte en un mensaje a la Nación dijo que las acciones policiales y militares se hicieron “siguiendo estándares internacionales” y atribuyo la responsabilidad a terroristas y sectores violentistas, vinculados al narcotráfico y la minería ilegal.

Un alto funcionario del gobierno expresó que el “informe de la CIDH no atribuye responsabilidad penal a título personal a ninguna autoridad del Estado. No estamos ante una sentencia». Expertos en derechos humanos consultados indicaron que esa declaración desconocía el carácter no jurisdiccional de la Comisión de Derechos Humanos, cuyo mandato es señalar la responsabilidad o no responsabilidad del Estado o sus agentes en las violaciones de derechos humanos y que por ende no es una corte penal que establezca responsabilidades individuales a través de sentencias.

La canciller, Cecilia Gervasi, asumió en el exterior la defensa de esa línea de argumentación. En el quincuagésimo tercer período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, expresó que el informe “representa una visión reduccionista que no ha tomado en cuenta la complejidad de la situación y todas sus aristas y tampoco las observaciones que hicimos llegar. Y añadió: “El informe de la CIDH dice que en ese marco se produjeron hechos que podrían constituir violaciones a los derechos humanos que deben ser investigados, junto a otras apreciaciones con las que mi gobierno discrepa”.

Esta linea negacionista  de las violaciones  denunciadas por la CIDH, las Naciones Unidas y los organismos de derechos humanos, ha sido desde el 7 de dicembre la orientación principal de la politica exterior del gobierno y ha concentrado practicamente todos sus esfuerzos.

En su discurso por el aniversario patrio del Perú , el pasado 28 de julio, la presidente Boluarte se refirió a dos cuestiones sustantivas, vinculadas con las muertes producidas en las protestas sociales y la exigencia de no impunidad . Luego de seis meses de producidos los hechos, pidió perdón a los deudos de las víctimas a nombre del Estado. Al mismo tiempo espresó que se allanaba a las investigaciones. En segundo lugar, anunció -en contraposición a las posiciones  adoptadas con anterioridad –  que su gobierno cumpliría las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que se allanaría a las invstigaciones del Ministerio Público.

Coincidiendo con los anuncios presidenciales, un grupo de 20 miembros de la cámara de representantes de los Estados Unidos, liderados por, Joaquín Castro, miembro del subcomité para Latinoamérica y Sydney Kamlager-Dove representante de California,, ,dirigió, el  27 de julio, tres días antes del discurso presidencial, una carta al Secretari ode Estado Antony Blinken,  expresando  que Estados Unidos «tiene la responsabilidad» de trabajar con los líderes de Perú y su sociedad civil para garantizar que los responsables de esas muertes y de otras violaciones de derechos humanos rindan cuentas ante la Justicia”.

Los legisladores solicitan que el Departamento de Estado ejecute seis acciones inmediatas para  impedir la impunidad y promover el respeto de los derechos humanos, entre ellas una particularmente sensible: “coordinar con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para suspender temporalmente los ejercicios conjuntos o la cooperación con unidades de las fuerzas de seguridad peruanas, presuntamente responsables de violaciones de derechos humanos, así como realizar una investigación sobre si dichas unidades recibieron asistencia de seguridad de parte de los Estados Unidos”.

No obstante que las autoridades peruanas señalan de manera reiterada que las investigaciones están en curso, el grupo de representantes precisan, por otro lado, que ““no ha habido una actualización pública sobre qué evidencia se ha recopilado o quién está siendo investigado y los miembros de la sociedad civil han expresado serias preocupaciones sobre la falta de transparencia y urgencia en el proceso”. Y añaden su preocupación porque  “el Gobierno peruano aún no haya tomado medidas significativas para responsabilizar a los perpetradores de estos abusos”.

Un aspecto significativo de la carta, desde la perspectiva de las relaciones bilaterales, es el hecho que los representantes consideren que los acontecimientos en el Perú tienen un impacto en la diplomacia regional. Pues, si no se aseguran investigaciones prontas e independientes, que individualicen a los responsables, y no se da una solución a la crisis política peruana, “solo exacerbará la inseguridad en la región, alentará a los actores no democráticos y aumentará la migración irregular”.

La comunidad de derechos humanos, Estados y sociedad civil, esperan, por otro lado, que el perdón a nombre del Estado, declarado por la presidenta, sea complementado con medidas inmediatas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Indispensables para reconstruir la convivencia digna entre todos los peruanos (ILADIR – 3 .08.2023.